La Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó este sábado la detención de 47 personas y cinco heridas durante la jornada de desbloqueo de vías en el departamento de La Paz. La operación, llevada a cabo por fuerzas policiales y militares, buscaba despejar las carreteras principales que conectan la ciudad con el resto del país, incluyendo el paso hacia Oruro. El objetivo era establecer un corredor humanitario para el tránsito de camiones con combustibles y oxígeno medicinal, así como permitir el paso de vehículos particulares que permanecían estancados en las rutas bloqueadas.
Exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz
En el contexto de esta tensión, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz han intensificado sus protestas callejeras y bloqueos de carreteras. Ambas organizaciones exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, argumentando que el mandatario actual no tiene la capacidad para solucionar los conflictos estructurales del país. Los manifestantes han respondido con lanzamientos de piedras y el uso de cargas de dinamita, especialmente en zonas como Río Seco en El Alto, ante el despliegue de gases lacrimógenos por parte de los agentes.
Impacto en la prensa y vulneraciones de derechos
Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, informó que la entidad ha verificado agresiones e impedimentos al trabajo de periodistas durante la cobertura de los hechos. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) detalló que dos informadores de canales locales sufrieron lesiones en una emboscada en el sector de Lipari, al sur de La Paz, donde uno de ellos fue retenido con violencia y le destruyeron su teléfono móvil. Callisaya solicitó la protección de la labor informativa y remarcó que la prioridad debe ser la protección de la vida y la convivencia pacífica.
Diálogo y desescalada del conflicto
Ante la prolongación del conflicto, que ya lleva once días de bloqueos, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos, las cuales se encuentran en proceso de verificación institucional. El defensor del Pueblo indicó que su entidad está analizando con la Iglesia católica la posibilidad de generar un espacio de diálogo que contribuya a la desescalada del conflicto y a la reconciliación. Tras la operación, el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad para evitar un derramamiento de sangre entre los bandos enfrentados.
