Imagen generada con IA para Política
Cámara de Comercio: Presupuesto 2027 destina 78% a gasto corriente
Fernando Santoyo cuestionó la expansión del aparato estatal y pidió una reforma basada en meritocracia para liberar fondos de inversión.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, ha expresado su preocupación por la estructura del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027. Según sus declaraciones, aproximadamente el 78% de los recursos contemplados en dicha normativa se destinarían al gasto corriente, una cifra que limita significativamente la disponibilidad de fondos para nuevas inversiones públicas y obras de infraestructura.
Expansión del aparato estatal
Santoyo señaló que ha observado un incremento paulatino e injustificado del gasto corriente en los gobiernos regionales y locales a nivel nacional. El representante empresarial argumentó que la planilla del Estado se ha multiplicado, lo cual impide el avance necesario en diversos sectores productivos. "Lamentablemente hemos visto este crecimiento", afirmó, destacando que esta dinámica reduce la capacidad de inversión de las instituciones públicas.
Ineficiencia y trámites burocráticos
El directivo cuestionó también las dificultades administrativas que retrasan la ejecución de proyectos. A su juicio, en el Perú se destina dos soles de cada tres al gasto corriente —planillas y gastos administrativos— mientras que solo queda un sol para inversión. Santoyo atribuyó esta situación a una alta ineficiencia del Estado frente a la tramitología, lo cual limita sustancialmente el desarrollo económico, más contexto en Cusco: 84% de municipalidades peruanas sin plan territorial concertado.
Reforma basada en meritocracia
Ante este escenario, Fernando Santoyo planteó la necesidad de impulsar una reforma del Estado que optimice los recursos públicos. Propuso implementar un circuito basado estrictamente en la meritocracia como único canal para mantener o contratar personal. La idea es establecer la capacidad real y la necesidad de trabajadores según el número de administrados y servicios públicos brindados, buscando así ampliar el margen presupuestal destinado a inversiones estratégicas.
