El departamento colombiano de Tolima enfrenta una de las peores catástrofes ambientales y socioeconómicas registradas en los últimos años. Una agresiva ola de incendios forestales, originada a inicios del mes actual, ha consumido preliminarmente más de 20.000 hectáreas de cobertura vegetal, bosques nativos y terrenos agrícolas. Este fenómeno, agravado por una intensa temporada seca, la escasez de lluvias y fuertes ráfagas de viento, mantiene en vilo a las autoridades locales y nacionales ante el avance descontrolado del fuego.
Impacto social y agrícola
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó la gravedad de la situación tras detallar que el fuego afecta al menos 13 municipios de la región. La devastación ha impactado directamente hectáreas completas de cultivos clave para el sustento campesino, como plátano, café, arroz y aguacate. Adicionalmente, el sector ganadero reporta una crisis crítica debido a la pérdida masiva de pastizales, dejando a más de 18.000 reses sin alimento ni fuentes de agua potable.
Estado de Calamidad Pública
Debido al incremento exponencial de focos térmicos, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaró formalmente el estado de «calamidad pública» en el territorio. Las localidades más afectadas son Ortega, San Luis, Coello, Carmen de Apicalá, Suárez y Rovira. En el municipio de Ortega, las llamas han calcinado más de 14.000 hectáreas, provocando que más de treinta veredas se queden sin suministro de agua.
Despliegue nacional
Para intentar contener la emergencia frente a temperaturas extremas que alcanzan los 40,8 grados centígrados, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinan un masivo operativo. Actualmente, más de 150 bomberos operan en terreno junto a brigadas enviadas desde Bogotá, Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Antioquia.
Las labores de mitigación se realizan por aire y tierra empleando aeronaves equipados con el sistema Bambi Bucket. No obstante, la accidentada geografía del relieve tolimense ha dificultado las operaciones manuales. La Gobernación mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) e investiga si parte de los incendios fueron provocados intencionalmente.
