La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en el procedimiento de selección realizado por el Gobierno Regional de Cusco para el mantenimiento de la infraestructura del Hospital de Quillabamba, ubicado en la provincia de La Convención. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2026-OCI/5337-AOP, se identificaron deficiencias significativas durante las fases preparatorias y del procedimiento mismo, afectando la transparencia y eficiencia de la contratación pública en la región.
Fallos técnicos y asignación indebida de puntajes
El documento oficial, que evalúa el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 2 de julio de 2026, señala incumplimientos directos a las bases estándar del proceso. Entre los hechos más críticos se encuentra la asignación incorrecta de puntajes en los factores de evaluación facultativos, superando ampliamente los límites máximos permitidos por la normativa vigente. Específicamente, se detectó que los evaluadores otorgaron 25 puntos por factores de integridad y gestión de calidad, cuando el tope establecido era de cinco puntos respectivamente.
Impacto en la salud pública de La Convención
Estas irregularidades no solo vulneran las normas administrativas, sino que tienen consecuencias directas sobre la población. La situación identificada ha obstaculizado el oportuno desarrollo del proceso de contratación, dejando pendiente la prestación del servicio de mantenimiento necesario para una infraestructura hospitalaria adecuada. Esta demora afecta directamente a los pacientes de la provincia de La Convención, quienes requieren un entorno seguro y funcional para recibir atención médica, según informamos en Cusco: Contraloría advierte colapso inminente en Hospital Regional.
Recomendaciones oficiales
Frente a estos hallazgos con indicio de irregularidad, la Contraloría General ha recomendado al titular del Gobierno Regional adoptar las acciones administrativas correspondientes. Se espera que se tomen medidas correctivas inmediatas para subsanar los errores detectados y garantizar el cumplimiento normativo en futuras contrataciones públicas.
