El Gobierno de Ecuador oficializó este domingo la eliminación total de los aranceles que había impuesto a las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida, que entrará en vigencia desde el lunes 1 de junio, fue emitida mediante una resolución del Servicio Nacional de Aduana (Senae) y pone fin a la tasa del 100% creada inicialmente por el presidente Daniel Noboa. La decisión marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre ambos países, que habían estado en un estado de tensión significativa durante los últimos meses.
Desacuerdo sobre las causas de la medida
El presidente ecuatoriano atribuyó esta decisión a un acuerdo bilateral con el candidato presidencial colombiano de derecha Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la Cancillería de Bogotá calificó esta afirmación como "engañosa". Según el gobierno colombiano, la retirada de los gravámenes responde exclusivamente al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), y no a una iniciativa de buena voluntad unilateral de Quito.
El origen de la disputa comercial
El conflicto comercial tuvo su origen en enero, cuando el presidente Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país. Esta acción se justificó por considerar insuficientes las acciones del Gobierno colombiano, liderado entonces por Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común. La tasa inicial del 30% en febrero fue escalada progresivamente hasta alcanzar el 50% y, posteriormente, el 100% en mayo.
Represalias y tensión diplomática
Colombia respondió con medidas equivalentes, imponiendo gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75% para varios productos ecuatorianos. Además, Bogotá cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de productos clave como el arroz y el banano. En paralelo, Ecuador incrementó el precio del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos, pasando de 3 a 30 dólares por barril.
Intervención de la Comunidad Andina
La tensión diplomática llevó a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores. La Comunidad Andina intervino a inicios de mayo, dando diez días a ambos países para retirar los aranceles, al determinar que estas medidas vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Quito solicitó la suspensión de los efectos de las resoluciones de la CAN, argumentando vicios en su contenido. Antes de la eliminación total, el gobierno ecuatoriano había anunciado una reducción a los aranceles al 75% tras conversaciones con la candidata colombiana Paloma Valencia.
