Una grave epidemia de violencia sexual afecta sistemáticamente a niñas y adolescentes en las comunidades awajún y wampís de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Ante la inacción percibida por parte de las autoridades, 66 organizaciones de la sociedad civil han suscrito una carta abierta dirigida a los tres niveles de gobierno. En este documento, exigen una respuesta concreta en un plazo máximo de 30 días para abordar esta crisis humanitaria y social que ha desestabilizado el tejido comunitario.
Cifras alarmantes e impunidad judicial
La magnitud de la situación se evidencia con datos recientes. En lo que va del año, ya se registraron cerca de 80 casos de abusos sexuales en la zona. Al acumular entre 800 y 1.000 denuncias desde el año 2010, las cifras revelan una brecha significativa: estas denuncias han derivado apenas en tres sentencias judiciales. Esta disparidad subraya la dificultad para acceder a justicia efectiva.
Además de los casos documentados, se reporta un índice alarmante en la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, con una proporción de contagio que indica un varón infectado por cada mujer. Esta situación contrasta marcadamente con el promedio nacional y refleja las consecuencias sanitarias directas de la violencia, tal como señaló Ángulo Peruano.
Intervención territorial e interculturalidad
La propuesta principal presentada en la carta busca despachar directamente en el territorio mediante una reunión de alto nivel en Santa María de Nieva. En esta instancia, se prevé involucrar activamente al Gobierno Territorial Autónomo Awajún y al Consejo de Mujeres Awajún como actores centrales en la solución.
La exministra de Educación Patricia Correa advirtió que las políticas aplicadas desde Lima han fracasado por su falta de enfoque intercultural. Asimismo, Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, denunció la precariedad de los servicios de justicia y el abandono logístico de las fiscalías en la región, indicó Correo.
Propuestas para una solución integral
Las organizaciones sociales e indígenas enfatizaron la necesidad de reconocer el derecho consuetudinario mediante protocolos que articulen la justicia ordinaria con la indígena. Entre sus demandas específicas se encuentra la creación de un programa presupuestal específico dentro de la Ley de Presupuesto Público 2027 para financiar servicios públicos con pertinencia cultural y lingüística.
Asimismo, solicitan contar con intérpretes de lenguas originarias en comisarías, juzgados y centros de salud mental. El objetivo es garantizar que las víctimas puedan rendir sus testimonios sin barreras idiomáticas ni revictimización dentro del sistema de justicia.
