La situación de seguridad en las regiones andinas del sur del país ha tomado un giro crítico con la declaración oficial del estado de emergencia. Esta medida, impulsada por el Gobierno central, abarca específicamente a 17 distritos ubicados en las regiones de Junín, Cusco y Ayacucho. La decisión busca responder directamente al incremento de la violencia y las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas que afectan a estas localidades.
La formalización de esta medida de excepción se realizó a través del Decreto Supremo 125-2026-PCM, instrumento legal que otorga facultades especiales a las autoridades para restablecer el orden público. Para la población cusqueña y de las zonas afectadas, este anuncio marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad ciudadana, priorizando la contención de los focos de narcotráfico, más contexto en Cinco distritos ayacuchanos en emergencia por sismo de magnitud 7,2.
La aplicación de este decreto implica una coordinación reforzada entre las instituciones del Estado y las autoridades locales en los distritos declarados en emergencia. Se espera que esta intervención tenga un impacto directo en la reducción de la violencia armada y en el desmantelamiento de las redes de distribución de estupefacientes, reafirmando la presencia del Estado en territorios estratégicos del sur andino.
