El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó este martes que 64 conductores del transporte urbano han sido víctimas de homicidio por presuntos sicarios o extorsionadores en lo que va del año 2026. Ante esta cifra alarmante, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, señaló que el problema no solo persiste, sino que se ha acentuado, generando una preocupante normalización de la muerte en su sector sin que las autoridades reaccionen con eficacia.
Extorsión generalizada y evolución del modus operandi
Vargas detalló durante su participación en el programa Conexión de RPP que la crisis de seguridad no distingue rutas, ya que asegura que el asedio criminal es total. Según sus declaraciones, todas las compañías están siendo extorsionadas al 100%. La modalidad delictiva ha evolucionado hacia un cobro directo en las unidades de transporte, donde los criminales exigen montos aproximados de 20 soles diarios a los conductores.
Este esquema aprovecha el manejo frecuente de dinero en efectivo y la falta de control policial en los paraderos. El dirigente gremial explicó que los delincuentes cuentan con información mapeada, incluyendo las placas de los vehículos e incluso datos personales de los trabajadores, lo que denota una organización superior a la capacidad actual de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad pública, de acuerdo con Eje Público.
Impacto operativo y propuestas inmediatas
La situación ha golpeado severamente la operatividad del transporte público. Varios conductores han abandonado el sector por miedo a perder sus vidas, lo que obliga a algunas empresas a operar solo entre el 30% y el 40% de su capacidad instalada. Vargas calificó como "letra muerta" las normas aprobadas el año pasado para crear unidades de élite con participación del Ministerio Público y el Poder Judicial, argumentando una reglamentación deficiente que evita la asignación real de recursos.
Ante este escenario crítico, el gremio ha propuesto medidas inmediatas de alto impacto. Entre las soluciones técnicas se incluyen la intervención seria de los penales bajo regímenes de aislamiento total para extorsionadores, el establecimiento de control territorial mediante cuadrantes integrados con cámaras de vigilancia y la prohibición estricta del transporte simultáneo en motocicletas lineales como medida disuasoria, tal como señaló RPP.
