Minera Caravelí ha emitido una alerta urgente tras denunciar un intento de toma de control sobre sus instalaciones en la provincia de Pataz, región La Libertad. El gerente de Recursos Humanos, Juan Carlos Zea, informó que más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro mantienen bloqueadas las operaciones desde el 14 de junio pasado. Esta situación ha derivado en un estado de indefensión para el personal de la compañía, quienes reportan amenazas directas y restricciones severas a su movilidad dentro del campamento minero.
Riesgo inminente para el personal
Según las declaraciones oficiales, los comuneros han cercado el campamento con la intención específica de capturar al gerente de operaciones, quien permanece en la unidad de producción. Zea advirtió que existe un riesgo concreto de agresión física contra este directivo y el resto del equipo. La empresa describe el escenario como una emergencia extrema donde todo el personal se encuentra efectivamente secuestrado, sin posibilidad de ingreso ni salida para cualquier persona vinculada a las operaciones.
Aislamiento geográfico y falta de respuesta policial
Una de las dificultades críticas reportadas es la ubicación estratégica de las instalaciones, adyacentes al distrito de Tayabamba. A diferencia de otras zonas mineras en Pataz como Chugay o Parcoy, donde opera un Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debido a estados de emergencia declarados, el sector de Caravelí depende exclusivamente de la policía regional. Hasta la fecha, esta fuerza no ha intervenido pese a los alertas sobre el riesgo inminente.
Impacto ambiental y origen del conflicto
El gerente Zea señaló que el conflicto tiene su raíz en la pretensión liderada por Majín Sánchez de tomar control directo de parte de la concesión para realizar actividades mineras propias. Los manifestantes utilizan camionetas 4x4 a alta velocidad para impedir cualquier actividad empresarial y obligar a firmar documentos bajo coacción.
Además del impacto operativo, se ha reportado un riesgo ecológico significativo en el distrito de Huailillas. La paralización forzada impide el funcionamiento de las bombas diseñadas para proteger la calidad del agua, una situación ya documentada ante la fiscalía ambiental. Pese a los pedidos presenciales presentados ante la Policía en Trujillo, no se ha registrado apoyo formal ni respuesta efectiva hasta este momento.
