Perú ha vuelto a protagonizar un capítulo más de su prolongada turbulencia política. El Congreso de la República destituyó al presidente interino José Jerí, profundizando una crisis institucional que parece no tener fin y que se desarrolla en un momento particularmente delicado: a pocas semanas de las elecciones programadas para abril de 2026.
La decisión legislativa confirma un patrón que se ha vuelto tristemente familiar para los peruanos: la rotación acelerada de mandatarios en un país que ha tenido más presidentes en los últimos años que cualquier otra democracia de la región. La pregunta que muchos se hacen ya no es si habrá estabilidad, sino cuánto durará el siguiente en el cargo.
Un Congreso que gobierna desde la destitución
La remoción de Jerí no ocurrió en un vacío. El Congreso peruano ha consolidado en los últimos años un poder desproporcionado frente al Ejecutivo, utilizando mecanismos constitucionales para destituir a presidentes con una frecuencia sin precedentes en la historia republicana del país.
Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Perú ha transitado por múltiples figuras en la jefatura del Estado. Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución y arresto de Castillo, pero su gobierno enfrentó una profunda crisis de legitimidad marcada por protestas masivas que dejaron decenas de muertos.
La llegada de Jerí a la presidencia interina fue, en sí misma, producto de esa cadena de inestabilidad. Su paso por el poder resultó efímero, y su destitución por el Congreso subraya cómo el Legislativo se ha convertido en el verdadero centro de poder político en Perú, capaz de instalar y remover presidentes casi a voluntad.
¿Qué significa esto para las elecciones de abril?
El timing de esta crisis no podría ser más problemático. Con elecciones generales en el horizonte, la remoción de Jerí genera incertidumbre sobre quién conducirá la transición electoral y bajo qué condiciones se realizarán los comicios.
Las elecciones de abril representan, paradójicamente, tanto una oportunidad como un riesgo para la democracia peruana. Por un lado, ofrecen la posibilidad de que el país elija un mandatario con legitimidad popular directa, algo que ha estado ausente durante los últimos años de presidentes interinos y sucesiones cuestionadas.
Por otro lado, existe la preocupación de que la fragmentación política extrema que caracteriza al Congreso peruano —con decenas de partidos y bancadas sin cohesión ideológica— se replique en el nuevo gobierno, perpetuando el ciclo de inestabilidad. Ningún candidato parece capaz de generar consensos amplios en un electorado profundamente desencantado con su clase política.
El costo económico y social de la inestabilidad
La crisis política permanente tiene consecuencias tangibles para los 33 millones de peruanos. La inversión extranjera se retrae ante la incertidumbre, los proyectos de infraestructura se paralizan con cada cambio de gobierno y las políticas públicas carecen de continuidad.
Perú, que durante las primeras dos décadas del siglo XXI fue considerado un modelo de crecimiento económico en América Latina, ha visto deteriorarse progresivamente sus indicadores. La pobreza ha aumentado, la informalidad laboral sigue siendo una de las más altas de la región y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos.
La paradoja peruana es elocuente: un país con enormes recursos naturales, una gastronomía que conquista el mundo y un talento humano extraordinario, pero incapaz de construir instituciones políticas estables que canalicen ese potencial hacia el desarrollo sostenible.
¿Qué viene ahora para Perú?
Tras la remoción de Jerí, el Congreso debe definir quién asumirá la conducción del país durante el período que resta hasta las elecciones. La sucesión presidencial en Perú sigue un orden establecido constitucionalmente, pero la experiencia reciente demuestra que las reglas formales pueden ser interpretadas —y manipuladas— de maneras impredecibles.
Lo que resulta claro es que la próxima administración, cualquiera que sea, heredará un país fracturado. El nuevo presidente o presidenta deberá enfrentar no solo los desafíos económicos y sociales acumulados, sino también la tarea monumental de reconstruir la confianza ciudadana en un sistema político que millones de peruanos consideran roto.
La comunidad internacional observa con preocupación. Organismos como la OEA y diversos gobiernos de la región han expresado su inquietud por la situación peruana, aunque las intervenciones externas tienen límites claros en un asunto que, en última instancia, solo los peruanos pueden resolver.
Una mirada hacia adelante
A pesar del panorama sombrío, hay razones para mantener cierto optimismo cauteloso. La sociedad civil peruana ha demostrado resiliencia, los medios de comunicación siguen ejerciendo su función fiscalizadora y las instituciones electorales, pese a las presiones, han mantenido un grado razonable de independencia.
Las elecciones de abril podrían marcar un punto de inflexión si los ciudadanos logran elegir un liderazgo que priorice la gobernabilidad sobre el confrontacionismo. La tecnología y las nuevas generaciones de peruanos, más conectados y exigentes que nunca, podrían ser el catalizador del cambio institucional que el país necesita con urgencia.
Perú se encuentra, una vez más, en una encrucijada. La historia reciente no invita al optimismo fácil, pero el potencial del país sigue siendo innegable. La pregunta es si esta vez los actores políticos estarán a la altura de las circunstancias.
