La inestabilidad política peruana acaba de sumar un nuevo capítulo. El pleno del Congreso de la República aprobó la censura de José Jerí como presidente del Parlamento y, en consecuencia, como presidente de la República del Perú. Con esta decisión, el país se encamina a elegir a su octavo mandatario en apenas diez años, una cifra que refleja la profunda crisis institucional que atraviesa la nación.
El martes 18 de febrero se realizaría la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien asumiría automáticamente la jefatura del Estado. La rotación constante en el poder ejecutivo se ha convertido en una marca distintiva de la política peruana reciente, generando incertidumbre en todos los sectores, especialmente en el empresarial.
Una década de turbulencia en Palacio de Gobierno
Desde 2016, Perú ha visto desfilar por la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Cada transición ha estado marcada por vacancias, renuncias, golpes de Estado fallidos o censuras parlamentarias, un patrón que no tiene equivalente en ninguna otra democracia de la región.
Esta inestabilidad crónica no es solo un problema político: tiene consecuencias económicas medibles. La falta de continuidad en las políticas públicas dificulta la planificación a largo plazo, desalienta la inversión extranjera directa y erosiona la confianza de los mercados. Cada cambio de gobierno implica nuevos equipos ministeriales, nuevas prioridades y, frecuentemente, la paralización de proyectos estratégicos ya encaminados.
El caso de José Jerí resulta particularmente significativo porque evidencia que ni siquiera la línea de sucesión constitucional garantiza estabilidad. El Congreso, que debería funcionar como contrapeso institucional, se ha convertido en el epicentro de la volatilidad política.
El sector empresarial pide señales claras
Frente a este panorama, el empresariado peruano ha manifestado sus expectativas con una mezcla de cautela y urgencia. Las principales gremiales del país coinciden en un mensaje central: quien asuma la presidencia debe priorizar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones favorables para la inversión.
La Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) han señalado reiteradamente que la rotación presidencial genera un "costo país" que se traduce en menores tasas de crecimiento, menor generación de empleo y deterioro de la competitividad internacional.
La pregunta ya no es quién será el próximo presidente, sino cuánto tiempo durará y qué reformas estructurales podrá impulsar antes de que el ciclo de inestabilidad se repita.
Los empresarios esperan que el nuevo mandatario impulse la destrabe de proyectos de inversión, especialmente en minería e infraestructura, sectores que son el motor del crecimiento peruano. También demandan claridad regulatoria, respeto a los contratos y una política fiscal responsable que mantenga los indicadores macroeconómicos en niveles competitivos.
Tecnología y diversificación: las oportunidades que se pierden
Más allá de los sectores tradicionales, la inestabilidad política también frena el avance de Perú en áreas clave como la transformación digital, la transición energética y la economía del conocimiento. Mientras países vecinos como Chile y Colombia avanzan en agendas de innovación y tecnología con horizontes de planificación de largo plazo, Perú reinicia su reloj político cada pocos meses.
El ecosistema emprendedor y las startups peruanas, que han mostrado un crecimiento notable en los últimos años, necesitan marcos regulatorios estables para atraer capital de riesgo internacional. La fintech, la agritech y la edtech son sectores con enorme potencial en el país, pero que requieren políticas consistentes para despegar a escala.
La inversión en ciencia, tecnología e innovación, que ya es baja en comparación con estándares regionales, se ve particularmente afectada por la falta de continuidad gubernamental. Cada nuevo gobierno replantea prioridades, y los proyectos de largo aliento quedan relegados.
El horizonte electoral de 2026
Con las elecciones generales programadas para 2026, muchos analistas consideran que el próximo presidente del Congreso que asuma el Ejecutivo tendrá una ventana de gestión extremadamente corta. Esto plantea un dilema: ¿es posible implementar reformas significativas en un período tan breve?
La experiencia reciente sugiere que no, pero también abre una oportunidad. Un gobierno de transición que se enfoque en garantizar la estabilidad institucional, mantener la disciplina fiscal y preparar el terreno para unas elecciones transparentes podría sentar las bases para una recuperación más sólida.
El sector privado, por su parte, ha demostrado resiliencia notable. La economía peruana, sostenida por sus fundamentos macroeconómicos y la fortaleza de su sector exportador, ha logrado crecer a pesar de la turbulencia política. Sin embargo, esta resiliencia tiene límites, y cada crisis resta puntos de crecimiento potencial.
El octavo presidente en diez años no será solo un dato estadístico: será una prueba más de la capacidad del Perú para encontrar un camino hacia la gobernabilidad. Los empresarios, los inversionistas y la ciudadanía en general esperan que esta vez sea diferente, aunque la historia reciente no invite al optimismo fácil.
