Es una paradoja que desafía los manuales de ciencia política y economía: Perú acumula siete presidentes en apenas una década, un récord de inestabilidad institucional que pocos países democráticos pueden igualar, y sin embargo su economía se mantiene sorprendentemente sólida. La destitución del presidente interino José Jerí por parte del Congreso marcó un nuevo capítulo en esta turbulenta historia política, pero los mercados apenas se inmutaron.
Desde 2016, el Perú ha transitado por los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Jerí, este último destituido casi de inmediato. Es un carrusel presidencial que, en cualquier otro contexto, habría provocado una crisis económica de proporciones mayores.
El blindaje macroeconómico: instituciones que funcionan cuando la política no lo hace
La clave para entender la resiliencia económica peruana reside en la fortaleza de sus instituciones financieras, particularmente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). A diferencia del aparato político, el banco central ha mantenido una autonomía operativa que le permite tomar decisiones técnicas sin interferencia de los vaivenes del Palacio de Gobierno.
Perú ha sostenido una inflación controlada, una deuda pública moderada en comparación con sus pares regionales y reservas internacionales que superan el 25% del PIB. Estos indicadores no son casualidad: son el resultado de décadas de disciplina fiscal y monetaria que se han convertido en una suerte de piloto automático económico.
El marco constitucional peruano, pese a todas sus imperfecciones en el ámbito político, estableció reglas claras para la política fiscal y monetaria que ningún gobierno ha logrado —o intentado seriamente— desmantelar. Este diseño institucional ha demostrado ser el verdadero ancla de estabilidad del país.
Una economía que camina sola: el motor del sector privado y los recursos naturales
La estructura productiva peruana también explica esta aparente contradicción. El país es uno de los principales productores mundiales de cobre, zinc, plata y oro. La demanda global de estos minerales, especialmente el cobre —metal esencial para la transición energética y la electromovilidad—, ha generado flujos de inversión y exportación que operan con relativa independencia de quién ocupe la presidencia.
El sector minero representa cerca del 10% del PIB peruano y más del 60% de sus exportaciones. Mientras los precios internacionales del cobre se mantengan elevados, impulsados por la creciente demanda de China y la industria tecnológica global, Perú seguirá recibiendo divisas significativas.
La economía peruana funciona a pesar de su clase política, no gracias a ella. Es un modelo donde las instituciones técnicas y el sector productivo han compensado las deficiencias de gobernabilidad.
Además, el sector agroexportador ha experimentado un crecimiento notable en la última década. Productos como los arándanos, las paltas y las uvas de mesa han posicionado a Perú como una potencia agroexportadora en América Latina, diversificando su base económica más allá de la minería.
El costo oculto: lo que la inestabilidad sí le quita al Perú
Sin embargo, sería un error celebrar esta resiliencia sin matices. La inestabilidad política tiene costos reales que no siempre se reflejan en los indicadores macroeconómicos de corto plazo, pero que erosionan el potencial del país.
La inversión pública ha sufrido una desaceleración significativa. Cada cambio de gobierno implica rotación de funcionarios, paralización de proyectos de infraestructura y retrasos en la ejecución presupuestal. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución del presupuesto de inversión pública ha sido consistentemente inferior al 70% en los últimos años.
La inversión privada también se ha visto afectada. Si bien los grandes proyectos mineros continúan, las decisiones de inversión en otros sectores se postergan ante la incertidumbre regulatoria. Perú podría estar creciendo al 5% o 6% anual con estabilidad política; en cambio, se conforma con tasas cercanas al 3%.
La brecha de infraestructura del país supera los 100,000 millones de dólares, y cada crisis política retrasa aún más su cierre. Carreteras, hospitales, escuelas y sistemas de agua potable quedan en lista de espera mientras los políticos se enfrascan en disputas de poder.
¿Qué viene para el Perú? La tecnología y la diversificación como camino
El futuro económico peruano depende de su capacidad para trascender el modelo actual. La apuesta por la diversificación productiva, el desarrollo tecnológico y la economía digital podría blindar aún más al país de sus propias turbulencias políticas.
El ecosistema emprendedor peruano ha crecido de manera significativa, con startups en fintech, agritech y logística que están transformando sectores tradicionales. Lima se ha consolidado como uno de los hubs de innovación más dinámicos de la región andina.
La digitalización de servicios públicos y la adopción de tecnologías en sectores clave como la minería y la agricultura de precisión representan oportunidades concretas para aumentar la productividad sin depender de la voluntad política de turno.
Perú demuestra que una economía bien diseñada puede resistir tormentas políticas extraordinarias. Pero también enseña una lección incómoda: la estabilidad macroeconómica no es sinónimo de desarrollo. Para dar el salto cualitativo, el país necesitará eventualmente resolver su crisis de gobernabilidad. Hasta entonces, su economía seguirá caminando firme, pero por debajo de su verdadero potencial.
