Una severa controversia institucional y social estalló en la capital argentina tras publicarse en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta N° 1/SECMU/26. Mediante esta norma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, decretó la prohibición y suspensión de autorizaciones para cualquier evento, acto o diversión en el espacio público desde el 6 hasta el 13 de noviembre.
Seguridad vs. Derechos Civiles
La medida afecta directamente a la 35ª Marcha del Orgullo, pautada históricamente para el sábado 7 de noviembre. La administración porteña justificó la restricción aludiendo a razones excepcionales de seguridad, movilidad urbana y ordenamiento del tránsito frente a la llegada del papa León XIV. Según el comunicado local, el despliegue logístico preventivo demandará la totalidad de las fuerzas policiales y de prevención de la ciudad.
Rechazo firme del colectivo LGBTI+
Lejos de ceder ante el pedido oficial de postergar la movilización hacia el 21 de noviembre, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo emitió una enérgica carta abierta ratificando la fecha original. «La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre», sentenciaron los voceros del colectivo.
Las organizaciones denunciaron que ni el Gobierno nacional de Javier Milei ni las autoridades de la Santa Sede solicitaron modificar el cronograma, señalando al Ejecutivo porteño como único responsable de la medida. Asimismo, amparan su postura en la Ley porteña 6482, la cual faculta expresamente a las agrupaciones civiles a fijar el día del evento, como contamos en Argentina: Masivas protestas contra cierre de empresas y endeudamiento familiar.
Próximos pasos
Los organizadores lamentaron que la Ciudad pretenda condicionar el apoyo logístico elemental —como ambulancias, baños químicos y escenarios— al cambio de fecha. Ante esta situación, se espera que en los próximos días se instalen mesas de diálogo de carácter urgente para evitar un escenario de desacato civil o incidentes en el centro de la ciudad.
