Una jornada de masivas movilizaciones alteró el panorama político y social en Argentina, coincidiendo con la participación del presidente Javier Milei en el Council of the Americas. Miles de manifestantes, convocados por las principales centrales obreras (CGT y CTA), movimientos de la economía popular (UTEP) y cámaras de pequeños empresarios, se movilizaron hacia la Plaza de Mayo y el Ministerio de Economía.
Impacto en el tejido productivo
La protesta se desarrolló en un contexto marcado por la destrucción del entramado empresarial. De acuerdo con el último Monitor Mensual de Empresas elaborado por el centro de investigación Fundar, basado en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde que Milei asumió al poder se perdieron exactamente 30.633 empresas. Esto representa una contracción neta del 6% del total nacional y constituye la peor caída para los primeros dos años y medio de una gestión presidencial en los últimos veinte años.
Los datos detallados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalan que el sector más afectado es el comercio, con una baja de 8.408 negocios, seguido por transporte y almacenamiento con 6.733 bajas e industria manufacturera con 4.020 bajas. Analistas económicos advierten que la ruptura de la cadena de pagos ha provocado la pérdida de más de 411.000 empleos formales.
La crisis familiar y la postura oficial
En paralelo, la denominada «Marcha de los Endeudados» expuso la situación crítica de las familias argentinas. Las organizaciones civiles denunciaron que casi seis millones de hogares se encuentran con créditos impagos o atrasos graves para costear necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman esta gravedad, mostrando una tasa de morosidad familiar que disparó al 12,7% en el último reporte técnico.
A pesar de los reclamos por planes de refinanciación, la administración de La Libertad Avanza mantiene su postura inflexible. El presidente Javier Milei ratificó recientemente que las deudas representan «una cuestión estrictamente entre privados», descartando cualquier tipo de rescate financiero estatal. Voceros oficiales desestimaron el impacto de la protesta atribuyéndole una intencionalidad puramente política.
