Una escalada de violencia y tensión ha sacudido el distrito de Machu Picchu tras desatarse un violento conflicto por la posesión y operatividad de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, los cuales cubren la estratégica ruta Hiram Bingham hacia la ciudadela inca. Los incidentes, ocurridos en las inmediaciones del Puente Ruinas el 30 de agosto pasado, incluyeron conatos de pelea, denuncias de retención ilegal de personas y alertas ante presuntas amenazas de incendiar las unidades vehiculares.
Intervención policial y detenciones
De acuerdo con el acta de intervención policial presentada por la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos se trasladaron a Puente Ruinas tras recibir una alerta sobre una aglomeración de aproximadamente 30 personas en actitud confrontacional. Durante las diligencias, una ciudadana denunció formalmente haber sido retenida contra su voluntad y agredida físicamente dentro de uno de los buses vinculados a la compañía.
Tras las indagaciones en la carretera Hiram Bingham, la Policía localizó dos unidades turísticas del mencionado grupo. Uno de los conductores fue plenamente identificado por la presunta agraviada y quedó bajo detención policial. Ambas unidades fueron puestas bajo custodia del Estado; las autoridades dejaron constancia sobre medidas de protección especiales debido a versiones de civiles que manifestaban intención de dañar o incendiar los buses.
Filtraciones y contexto legal
La gravedad de la situación quedó registrada en capturas de pantalla atribuidas al presidente del directorio de Torontoy, Dayve Tapia Sant. En mensajes filtrados, se lee una convocatoria con carácter de «urgencia» para que los socios se movilicen hacia la boletería y Puente Ruinas, argumentando que uno de sus carros había sido retenido o secuestrado por pobladores, como publicó este diario en Huelga en el Cusco paraliza el turismo y genera crisis en la región.
Este estallido ocurre en un contexto de incertidumbre legal. La empresa continúa operando a pesar de que su contrato fue anulado como resultado directo de la polémica licitación pública impulsada por el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera. Este proceso ha sido catalogado duramente por regidores y críticos locales como una «licitación mamarracho» debido a sus vicios técnicos.
Las autoridades competentes ya iniciaron investigaciones para esclarecer los delitos de agresión, coacción y presunto secuestro, mientras la población local exige garantías de seguridad en esta vía turística clave del país.
