La región imperial enfrenta un deterioro sostenido en sus indicadores de seguridad ciudadana, con cifras que reflejan una crisis sin precedentes. De acuerdo con los recientes informes de criminalidad procesados por el Instituto Peruano de Economía (IPE) basándose en cifras oficiales, las denuncias por el delito de extorsión en Cusco se han multiplicado por siete en comparación con los registros obtenidos durante el año 2019.
Un incremento exponencial y sostenido
Los datos revelan que la tasa de extorsión escaló de manera vertiginosa hasta consolidar 14 denuncias formales por cada 100 mil habitantes al cierre del último año medido. Esto representa un incremento neto del 26 % en comparación con el periodo previo, posicionando a este delito como la única modalidad delictiva con crecimiento ininterrumpido en la región.
Esta tendencia contrasta con otras formas de criminalidad; mientras los hurtos y estafas mostraron ligeras reducciones, la extorsión se consolida como el principal flagelo. El impacto afecta severamente a empresarios y comerciantes locales, quienes son el blanco directo de estas prácticas delictivas que amenazan la estabilidad económica.
La cifra negra y su vínculo con economías ilegales
Especialistas en seguridad advierten que la magnitud real del problema se encuentra drásticamente subestimada debido al temor a las represalias. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20 % de las víctimas de extorsión se atreve a formalizar una denuncia ante las autoridades.
«Menos del 20% de las víctimas no denuncian, evidenciando una masiva cifra negra de impunidad en los principales conglomerados comerciales»
El análisis delictivo vincula directamente la proliferación de bandas dedicadas al cobro de cupos con el avance y financiamiento de otras economías ilegales en la región. La minería ilegal, por ejemplo, registra sus focos más críticos de denuncias fiscales en las provincias de Chumbivilcas (que concentra casi el 50 % de los casos) y Quispicanchi.
Precariedad logística policial
Frente a este avance criminal, la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ve limitada por graves brechas logísticas e institucionales. Los indicadores de infraestructura revelan que solo el 30 % de las comisarías en Cusco se encuentra en buen estado de conservación estructural, como publicó este diario en Proponen sanción penal para servicios turísticos ilegales en Cusco.
Peor aún, cuatro de cada diez dependencias policiales carecen de acceso continuo a servicios públicos básicos de saneamiento y conectividad. Esta precariedad dificulta la recepción rápida de denuncias informáticas y las labores de inteligencia operativa necesarias para desarticular estas mafias antes de que pongan en jaque la reactivación del turismo regional.
