Arequipa atraviesa un deterioro grave en su seguridad, evidenciado por cifras alarmantes del Instituto Peruano de Economía (IPE). Entre el año 2020 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho. Paralelamente, las denuncias relacionadas con la minería ilegal incrementaron siete veces en el mismo periodo. Estos datos cuantitativos reflejan una crisis estructural que requiere atención inmediata para revertir la tendencia negativa.
Impacto económico y social de la inseguridad
La escalada en los índices delictivos no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que también obstaculiza el desarrollo regional. La falta de certeza jurídica y física disuade a nuevos actores económicos, limitando las oportunidades laborales. Sin un entorno seguro, resulta complejo atraer inversiones necesarias para generar empleo formal y sostener el crecimiento económico local.
Herramientas del Poder Ejecutivo
Frente a este escenario, existen mecanismos institucionales disponibles para abordar la problemática. El Poder Ejecutivo cuenta con las herramientas legislativas y administrativas pertinentes para enfrentar estos desafíos de seguridad pública. La eficacia en su aplicación depende directamente de la capacidad técnica y la planificación estratégica de los equipos encargados.
