El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia de alto impacto en materia de salud pública al ordenar la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de cinco plaguicidas destinados a la producción de alimentos vegetales para el consumo interno. Esta medida busca proteger los derechos fundamentales como la vida, la salud y un ambiente equilibrado ante riesgos evidenciados por deficiencias estructurales en el sistema de vigilancia e inocuidad alimentaria del Estado.
Suspensión inmediata de sustancias químicas
Como parte de las medidas precautorias dictadas por el máximo intérprete de la Constitución, se ordena al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) detener temporalmente los productos fitosanitarios que contienen glifosato, clorpirifos, metomil, imidacloprid y clothianidin. Esta decisión responde a la necesidad de aplicar el principio precautorio: cuando existen indicios razonables de un riesgo serio para la salud o el medio ambiente, las autoridades pueden adoptar medidas preventivas sin esperar una certeza científica absoluta sobre el daño.
Declaración de estado inconstitucional
Más allá del retiro específico de los químicos, el TC declaró un "estado de cosas inconstitucional" debido a la insuficiente coordinación entre el Senasa, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta falta de articulación impide garantizar un control efectivo sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos que consumen los peruanos. El fallo señala que estas deficiencias representan un riesgo permanente para la salud pública, requiriendo una respuesta institucional integral.
Doble estándar y datos alarmantes
La sentencia destaca las cifras obtenidas de monitoreos oficiales entre 2020 y 2023. Productos como el tomate alcanzaron un 77,4 % de muestras no conformes en 2021 por exceder los Límites Máximos de Residuos (LMR). En evaluaciones recientes, pimiento, tomate y betarraga registraron que ninguna muestra cumplía con las normas. El magistrado Gutiérrez Tics señaló la existencia de un "doble estándar inaceptable" en la calidad de alimentos exportados versus los comercializados internamente.
Reevaluación científica reforzada
Frente a este escenario, el Tribunal ordena al Senasa desarrollar una reevaluación científica de las sustancias activas cuestionadas basada en evidencia técnica actualizada. Asimismo, se dispone fortalecer la trazabilidad alimentaria y mejorar los mecanismos de monitoreo para inmovilizar productos riesgosos. La medida busca asegurar que los límites máximos de residuos permitidos sean revisados cuando corresponda, priorizando la protección del consumidor peruano.
