La Municipalidad de Urubamba enfrenta una situación compleja en el sector turístico y de infraestructura local. A pesar de que la entidad municipal anuló formalmente el contrato con la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy, esta continúa operando sin autorización legal. Según registros fotográficos disponibles, la compañía sigue cubriendo vías simultáneamente a otra empresa del sector, Consettur, lo que ha generado un escenario de tensión jurídica y operativa en la zona.
Operación ilegal tras nulidad contractual
El incumplimiento de la decisión municipal se produce pese a la anulación oficial del contrato valorado inicialmente en S/19 millones. La presencia física de Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy en las vías sugiere una resistencia activa frente a las medidas administrativas tomadas por el gobierno local. Esta situación no solo vulnera los procedimientos licitatorios, sino que también expone al municipio y a la comunidad a posibles responsabilidades legales derivadas de obras realizadas sin respaldo contractual vigente.
Convivencia forzada con Consettur
Un aspecto relevante del conflicto es la intervención simultánea realizada por Inversiones Sumaq Ayllu junto a Consettur. La coexistencia operativa entre ambas firmas, en un contexto de disputa legal y nulidad contractual, complica la gestión territorial y la planificación urbana de Urubamba. Los registros visuales confirman que las actividades no han cesado, lo que indica una desconexión entre la resolución administrativa emitida por la municipalidad y la realidad en el terreno, más contexto en Empresa con contrato anulado opera ilegalmente en Machu Picchu.
Implicaciones para el turismo local
Urubamba es un punto estratégico clave para el acceso a Machu Picchu y el desarrollo del sur andino. La incertidumbre jurídica generada por esta licitación dilatada y los conflictos entre empresas contratistas puede afectar la imagen de orden institucional que se requiere para el turismo regional. Mientras persisten las tensiones judiciales, la falta de claridad en la titularidad de las obras deja a la comunidad local sin una respuesta definitiva sobre el estado legal de las intervenciones viales.
