El Gobierno de Bolivia activó este martes un masivo operativo de seguridad mediante el despliegue de contingentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en el oriente del país. La medida preventiva busca neutralizar las amenazas de sectores campesinos e interculturales que anunciaron el inicio de bloqueos indefinidos en las principales carreteras que conectan el eje troncal del territorio nacional.
Concentración estratégica en Yapacaní
Las fuerzas del orden se concentraron desde tempranas horas en puntos estratégicos del municipio de Yapacaní, ubicado a 131 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. El propósito es proteger las vías de comunicación terrestres, mantenerlas expeditas y prevenir posibles enfrentamientos civiles ante el contexto de tensión social.
Estado de excepción como marco legal
El Ministerio de Defensa de Bolivia y los mandos policiales locales enfatizaron que el operativo responde al cumplimiento estricto del estado de excepción vigente. Esta condición legal prohíbe explícitamente cualquier acción destinada a interrumpir u obstruir el libre tránsito de los ciudadanos y el transporte de carga por las carreteras nacionales, como contamos en Bolivia registra nueve muertos tras enfrentamiento de mafias brasileñas.
«El desplazamiento se hace en virtud al estado de excepción. Contamos con el personal suficiente para controlar cualquier manifestación y asegurar que la transitabilidad permanezca inalterada», declaró ante la prensa el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.
Origen del conflicto: rechazo a la medida económica
La tensión social en la región se reavivó tras la aprobación del Decreto Supremo 5676. Esta norma elimina la subvención estatal al precio del diésel únicamente para los denominados «grandes consumidores», fijándolo en 18 bolivianos por litro. Los sectores productores y agrarios movilizados exigen la derogación inmediata de la medida, argumentando que la quita del subsidio castiga al sector agroindustrial.
Los manifestantes sostienen que esta decisión disparará los costos generales de producción y agravará la escasez de carburantes que ya afecta a las estaciones de servicio. Ante este escenario, el Gobierno ratificó que mantendrá la custodia militar y policial por tiempo indefinido en las rutas clave del este mientras las agrupaciones gremiales evalúan posibles radicalizaciones.
